México se encuentra inmerso en un fuerte debate, que definirá en gran medida la transparencia de su democracia, desde el momento en que su presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), prometió en campaña que adelantaría un cambio de fondo en el Instituto Nacional Electoral (INE). Con elecciones presidenciales para el próximo año, el jefe de Estado ya puso en funcionamiento la cuestionada reforma que debilita el órgano electoral de manera peligrosa y ha llevado a que miles de personas manifiesten su rechazo en las calles de más de 100 ciudades del país.
López Obrador, que denunció fraude en 2006 cuando se presentó por primera vez a la Presidencia, ha tenido en la mira al INE hace tiempo. La reforma actual que fue aprobada por el Congreso, donde tiene mayoría, le quita una gran cantidad de recursos al Instituto, lo cual restringirá su capacidad de acción a escala regional y en capacitación electoral. Utilizando argumentos populistas en su programa de televisión diario, Las mañaneras, ha dicho que no es posible que haya funcionarios en el INE que tengan salarios más altos que el suyo, que los fuertes recortes presupuestales no van a debilitar la independencia del Instituto y que, por el contrario, el dinero que se ahorre se dedicará a proyectos sociales.
Según las encuestas, el órgano electoral tiene una aprobación cercana al 70 % entre los mexicanos, 10 puntos por encima de la que tiene el presidente. Esto explica por qué la convocatoria de salir a la calle ha tenido una participación masiva. El Zócalo, la mítica plaza de Ciudad de México, se llenó por completo, igual a lo sucedido en las calles de buena parte del país para defender un organismo que logra concitar el respeto de la mayoría de la ciudadanía. El lema “El INE no se toca”, que corearon miles de personas en las calles, demuestra la gran preocupación por la salud de la democracia en el país del norte.
El presidente López Obrador desestimó las manifestaciones masivas y criticó con términos desobligantes a quienes protestaron. Después de la aprobación en el Congreso del llamado “plan B” —dado que el año pasado se había presentado una propuesta que no tuvo los votos necesarios— y con la entrada en vigor de la reforma, ya dio un nuevo paso al cesar en su cargo a Edmundo Jacobo, funcionario muy importante del INE, quien por 14 años ha sido secretario ejecutivo del órgano electoral y, además, la mano derecha de Lorenzo Córdova, cabeza del Instituto. El debate se trasladará en adelante ante la justicia, en lo inmediato por el funcionario destituido, que había sido ratificado en su cargo de acuerdo con los procedimientos legales, y en lo sustancial ante la Corte Suprema, que deberá decidir sobre la constitucionalidad o no de la reforma aprobada en el Congreso.
En concreto, el “plan B” introduce una significativa reestructuración del INE, al cerrar oficinas locales y reducir su presupuesto y el número de trabajadores. Se estima que se eliminarían 300 juntas distritales, cuya finalidad es la organización de las elecciones federales y locales, así como de instrumentos de participación ciudadana en el país. También se reduciría la estructura de 32 juntas locales en más de 260 plazas. Por su parte, López Obrador asegura que evitará gastos injustificados y duplicidad de funciones, y que ahorrará cerca de US$270 millones en el primer año, los cuales destinará a programas sociales o becas para estudiantes.
En democracia, como en la manida frase, el árbitro electoral no solo debe ser independiente sino parecerlo. En este caso concreto, un organismo como el INE, que se ha ganado con razón un muy alto grado de credibilidad entre el electorado mexicano, no puede ser objeto de rencillas personales del primer mandatario. Mantener la integridad del Instituto, sin debilitarlo, parece ser lo lógico en este caso. Es de esperar que la Corte Suprema así lo decida.
Fuente: El Espectador